Sr. Presidente, Distinguidos miembros del Consejo:

Agradezco la oportunidad de presentar el último informe del Secretario General sobre Colombia, con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y del Consejero Presidencial Emilio Archila, cuyo apoyo a la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas es muy apreciado. También acojo con beneplácito la participación del Sr. Santiago Cano en esta sesión, como muestra del interés y el apoyo del Consejo por el papel que la juventud colombiana está desempeñando en la implementación del Acuerdo de Paz.

 

Sr. Presidente,

Como en todos los países, la pandemia de COVID-19 está teniendo un profundo impacto en Colombia, y el proceso de paz, sin duda, sentirá sus efectos. Sin embargo, ha sido alentador ver como los colombianos y colombianas han encontrando respuestas creativas a esta crisis y como han respondido positivamente a los llamados a la unidad ante esta situación.  Mientras tanto, las autoridades a todos los niveles han adoptado medidas para contener la propagación de la pandemia.

La implementación del Acuerdo de Paz depende de la interacción y colaboración constantes entre las partes, así como instituciones gubernamentales claves, organizaciones de la sociedad civil, aliados de la comunidad internacional y otros.  Esta colaboración es sin duda más difícil en el contexto de la cuarentena nacional vigente desde el 24 de marzo y de medidas específicas tales como las restricciones de acceso a los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. No obstante, las partes y otros actores se están adaptando a este escenario cambiante para seguir implementando el Acuerdo de Paz y asegurar el seguimiento de asuntos relacionados con la paz.

El 8 de abril, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), se reunió por videoconferencia para analizar la situación de la implementación de la paz, incluyendo los resultados positivos de la labor del grupo de trabajo tripartito sobre acreditaciones, este es un mecanismo constituido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, FARC y la Misión. En un importante avance, la CSIVI acordó institucionalizar reuniones periódicas con la Instancia Especial de Género y la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos.

Las mesas técnicas del Consejo Nacional de Reincorporación han seguido trabajando a través de sesiones virtuales, y recientemente se ha creado un grupo de trabajo dedicado al COVID-19. La Mesa de Salud -que incluye a FARC, la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Ministerio de Salud y la Misión- ha tomado medidas a nivel nacional para evitar que la propagación del virus afecte a los y las excombatientes, y ha definido un protocolo para responder a eventuales casos.

El día de ayer, 13 de abril, el Senado reanudó sus sesiones oficiales, de manera virtual, y está previsto que la Cámara de Representantes sesione de la misma manera esta tarde.  El 2 de abril participé en la primera sesión del mecanismo de alto nivel de la Comisión de Paz del Senado para dar seguimiento a los ataques contra ex miembros de las FARC-EP y líderes sociales, y para supervisar las medidas de prevención para estas personas. Esta sesión virtual reunió a senadores y senadoras de partidos de todo el espectro político -incluido el partido FARC-, así como a ministros del Gobierno, al Consejero Presidencial para la Estabilización y a otros altos funcionarios del Gobierno y representantes de instituciones del Estado, esto para analizar la violencia que afecta a líderes sociales y a excombatientes, y las medidas para detenerla.

También en esa fecha, durante una sesión virtual, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó tres proyectos productivos colectivos adicionales, con lo que el total asciende a 52. Uno de los proyectos aprobados es una cooperativa textil dirigida por once hombres y once mujeres excombatientes, que ha comenzado a producir tapabocas para dar apoyo en la respuesta al coronavirus. Otras ocho cooperativas de excombatientes en otros departamentos también han iniciado actividades para producir tapabocas.

En cuanto a la Misión, también hemos tomado medidas de acuerdo con nuestros planes de contingencia, manteniendo nuestras tareas de verificación en el terreno de acuerdo con las decisiones de las autoridades nacionales. El Equipo País de Naciones Unidas también está desarrollando un apoyo programático al Gobierno en su respuesta a la pandemia.

 

Sr. Presidente:

En esto debemos claros: el COVID-19 está afectando y seguirá afectando la implementación del Acuerdo de Paz y a las actividades de verificación de la Misión. Sin embargo, tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en su implementación. La paz en Colombia no debería ser una víctima de esta pandemia.  En este sentido, es importante seguir avanzando en la implementación plena del Acuerdo de Paz, incluyendo las tres prioridades que el Secretario General destacó en su último informe.

La primera prioridad es adoptar todas las medidas necesarias para proteger a líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes.  La violencia en su contra se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe, otros tres líderes sociales y tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 excombatientes asesinados desde la firma de este Acuerdo Final de Paz.

Estoy especialmente preocupado por la situación en el departamento de Putumayo, incluyendo la situación de las lideresas sociales, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y excombatientes. El 19 de marzo, Marco Rivadeneira, un reconocido líder social, fue asesinado tras ser sacado de una reunión que lideraba sobre esfuerzos de sustitución de cultivos ilícitos en el municipio de Puerto Asís. Dos semanas después, el 8 de abril, la lideresa social Yuri Quintero fue amenazada, presuntamente por el mismo grupo ilegal que asesinó a Rivadeneira. Otra lideresa, Jani Silva, con quien me reuní en octubre pasado, sigue siendo víctima de continuas amenazas. El 27 de marzo, el excombatiente Juan Carlos Castillo, quien vivía en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de ese municipio, fue encontrado muerto. En medio de esta preocupante situación, se registró un desarrollo positivo el 9 de abril, con la captura por parte de la Policía de Abel Antonio Loaiza Quiñónez, alias “Azul”, a quien la Fiscalía General acusa del asesinato y el desplazamiento forzado de 11 líderes sociales y excombatientes en esta zona.

También me preocupa que, en los últimos dos días, grupos armados ilegales en Argelia, departamento del Cauca, el departamento que el Consejo de Seguridad visitó el año pasado, estén amenazando a la población, incluidos excombatientes.

Así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes. En particular, es fundamental mejorar la eficacia de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, incluyendo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe avanzar sustancialmente en el diseño y la implementación de una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales; la Unidad Nacional de Protección, que debe avanzar en la revisión de más de 400 solicitudes pendientes de esquemas de seguridad; y la Unidad Especial de Investigación, que requiere un mayor apoyo de todas las entidades para cumplir con su mandato de llevar a los autores de estos ataques ante la justicia. También es fundamental mejorar la seguridad de cerca de 9.500 excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCR, incluidos los que viven en zonas de reincorporación colectiva. La pronta implementación del plan de acción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos es fundamental para garantizar la protección de mujeres lideresas.

La segunda prioridad es fortalecer las bases del proceso de reincorporación a largo plazo y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los y las excombatientes, independientemente del lugar en que viven. Las consecuencias de la pandemia hacen que sea aún más crucial prestar especial atención a excombatientes que viven fuera de los antiguos ETCR, ya que tienen un acceso más precario a servicios básicos como agua potable y saneamiento.  También aliento a las partes a que trabajen en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación para apoyar de manera específica los proyectos productivos colectivos que sean más vulnerables a las consecuencias económicas de la pandemia. Estos proyectos pueden ayudar a reactivar las economías locales, especialmente en zonas rurales remotas que pueden resultar particularmente afectadas.

También es importante asegurar que la “Ruta de Reincorporación” se implemente de manera colaborativa entre ambas partes, incluido el diseño de hojas de ruta individuales y colectivas específicas.

Por último, una tercera prioridad debe ser asegurar que las comunidades, especialmente las víctimas, sigan estando al centro de los esfuerzos de consolidación de la paz. En particular, el contexto actual es una oportunidad para llevar a cabo actividades de planificación y las consultas para poner en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, una parte importante del punto 3.4 del Acuerdo de Paz que, de ser implementada, puede marcar una diferencia importante en el terreno.

Como destacó el Secretario General en su informe, “la presencia sostenida e integrada de las instituciones del Estado es necesaria y sigue siendo el medio más eficaz para garantizar la paz y la estabilidad en los territorios “.  En este sentido, me complace que el Consejero Presidencial Archila haya seguido coordinando arreglos para que la implementación de los Programas de Desarrollo con un Enfoque Territorial (PDET) no se vea afectada por la crisis actual. Espero que se estén adoptando medidas similares en otros aspectos de la implementación de la reforma rural integral y del Acuerdo de Paz en general.

 

Sr. Presidente,

Haciendo eco del llamado del Secretario General para un cese al fuego global en vista de la pandemia de COVID-19, y uniéndome a numerosas voces de la sociedad civil colombiana, hace pocas semanas hice un llamado a todos los actores armados del país para que pusieran la vida por encima de cualquier otra consideración y se enfocaran en prevenir la propagación del virus. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió declarando un cese del fuego unilateral de un mes durante abril. Sin embargo, continúan enfrentamientos armados entre grupos armados ilegales en varios departamentos, incluidos Cauca, Chocó y Norte de Santander. En un momento en que todos los esfuerzos deben centrarse en la lucha contra la pandemia, instamos a todos los grupos armados ilegales de Colombia a que desistan de seguir perpetrando actos de violencia contra las comunidades vulnerables, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas.

 

Sr. Presidente,

En su discurso cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, el autor colombiano Gabriel García Márquez dijo: “Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte”. La resiliencia que él invocó con esas palabras se ha visto en la forma en que los colombianos y colombianas siguen forjando la paz en su país después de décadas de conflicto, y en la forma en que se han unido durante las últimas semanas frente a la pandemia.

Confío en que este compromiso continúe más allá de la pandemia, de manera que los esfuerzos por llevar la paz y el desarrollo a las comunidades afectadas por el conflicto se vean fortalecidos y revitalizados como resultado de esta crisis.  Estoy seguro de que, mediante el diálogo constructivo y los esfuerzos dedicados de las partes, las instituciones públicas, líderes a todos los niveles, y de la sociedad colombiana en general, podremos celebrar al final el triunfo de la esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división y, como dijo García Márquez, de la vida sobre la muerte.

Muchas gracias.

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