Mientras aumenta la preocupación sobre cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus en todo el mundo, las Naciones Unidas hacen un llamamiento para que los países adopten un enfoque de la pandemia más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. El Secretario General António Guterres ha calificado esta pandemia como “una crisis humana“. 

Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado la importancia de proteger los derechos de las personas desde el comienzo del brote de COVID-19.

En un comunicado informal dirigido al Consejo de Derechos Humanos el pasado 9 de abril, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pidió medidas urgentes y detalladas para evitar que el COVID-19 crease “mayores desigualdades ” entre este gran sufrimiento.

Declaró que muchos estados en cada región, particularmente en Europa, han tomado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de desempleados por esta crisis. “Se debería animar a todos los estados con suficientes recursos a que hagan lo mismo”, afirmó.

Señaló que, la semana pasada, el Banco Africano de Desarrollo emitió el bono social más ambicioso del mundo –un fondo de 3 000 millones de dólares– para ayudar a los gobiernos africanos a expandir el acceso a la sanidad y a otros bienes y servicios de primera necesidad. “Esta es exactamente la clase de pensamiento innovador que necesitamos”, subrayó.

Afirmó que su Oficina está recogiendo una serie de buenas prácticas económicas y sociales empleadas por países de todas las regiones –muchos de ellos países en desarrollo– y que las presentarán ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Su Oficina también trabajará para integrar los derechos humanos dentro de los programas económicos y sociales de la ONU.

A continuación, se encuentran algunas voces de expertos en derechos humanos de la ONU respecto a la respuesta al COVID-19.

“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud” —declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de la ONU.

“Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para demasiadas mujeres y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia del COVID-19. Todos los estados deberían realizar un esfuerzo considerable para combatir la amenaza del COVID-19, pero no deberían dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica” —Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud”.

“Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Esto es inaceptable. Todos tenemos la obligación de practicar la solidaridad y proteger a las personas mayores de esta situación”. –Rosa Kornfeld-Matte, Experta Independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad

“Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, el agua corriente, el saneamiento, los alimentos y a una vivienda digna. Además, a menudo son discriminados. Quienes se encuentran en campamentos y centros colectivos viven en condiciones masificadas, y los refugios de emergencia no están física o estructuralmente preparados para mitigar la transmisión del COVID-19. Los gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tienen acceso al agua corriente, saneamiento, instalaciones para su higiene personal, una vivienda digna y alimentos” —Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

Una adolescente en muletas enfrente de un edificio bombardeado.
Nour, de 16 años, se encuentra en su barrio, Karm Al-zaitoun, en la ciudad de Homs, Siria. Este barrio fue destruido por la guerra y actualmente está parcialmente habitado. Foto: UNICEF/Abdulaziz Al-Droubi.

 

“El COVID-19 no es solo un problema sanitario, también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. Hay informes de ciudadanos chinos y de etnia asiática sufriendo violencia física, de discursos de odio que culpan a minorías como los romaníes, los hispanos y otros por la propagación del virus, de políticos que piden que no se permita el acceso a los servicios médicos por parte de los inmigrantes: todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos de todos, particularmente de los más vulnerables y marginados, deben ser protegidos”. –Fernand de Varennes, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Minorías.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha redactado unas directrices para que la respuesta al COVID-19 se centre en las personas.Las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.

Las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública, no utilizadas para aplastar a la oposición o silenciar el trabajo de periodistas o defensores de los derechos humanos.

Las medidas de contención, como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, vestirse y asearse. Muchas personas, entre ellas personas con discapacidad, dependen de los servicios comunitarios y a domicilio.

Es imprescindible que el aumento del control de fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre circulación no impidan la huida de personas que escapan de la guerra o de la persecución.

Los paquetes de protección social y estímulo fiscal dirigidos a quienes menos pueden afrontar una crisis son esenciales para aliviar las terribles consecuencias de la pandemia. Las medidas inmediatas de alivio económico como bajas remuneradas por enfermedad garantizadas, prestaciones por desempleo extendidas, distribución de alimentos y la renta básica universal pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis.

El colectivo LGTBI también corre más riesgo durante la pandemia, y se deberían incorporar medidas específicas en los planes de respuesta que traten esta situación.

Los estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena, y deben incluir la medicina tradicional, además de consultar y considerar su consentimiento informado a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19.

Las personas privadas de libertad, incluidas aquellas en cárceles, en prisión preventiva, en detención de inmigrantes, instituciones y otros lugares de retención sufren un riesgo de infección mayor en caso de brote de enfermedad. Su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis. Los profesionales médicos y expertos relevantes, científicos incluidos, deben ser capaces de hablar libremente y de compartir información entre ellos y con el público.

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