No debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud para salvar la vida, dijeron los expertos de la ONU en derechos humanos, agregando que la crisis debida al coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos: personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas LGTBI.

Más de 60 expertos y relatores de la ONU sobre derechos humanos afirmaron este jueves que la pandemia del coronavirus COVID-19 supone un trato igualitario en los centros de salud a la hora de atender a cualquier persona infectada, sin excepción posible.

En un comunicado conjunto, también aseveraron que la crisis generada por el coronavirus no puede resolverse únicamente con medidas de salud pública y disposiciones de emergencia, sino que debe abordarse con apego a todos los derechos humanos.

Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. La escasez de recursos o el uso modelos de seguro médico público o privado no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes”, subrayaron los expertos. “Todas las personad tienen derecho a la salud.”

Entre los colectivos que necesitan apoyo de los Gobiernos, mencionaron a las personas mayores, las comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, los desplazados, los que sufren pobreza extrema y viven en condiciones de hacinamiento, los que viven en asilos, los presos, los indigentes, los migrantes y refugiados, los adictos a las drogas y las personas LGBT y de diversos géneros.

Según los relatores, los avances de las ciencias biomédicas son muy importantes para que se alcance el derecho a la salud, “pero igualmente importantes son todos los derechos humanos”.

Explicaron que por ese motivo, todas las políticas de salud deben contemplar los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas.

Más allá de la respuesta sanitaria

Los expertos respaldaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y llamaron a los Estados a actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos.

Sin embargo, la respuesta a la crisis no termina ahí sino que requiere que los Estados tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia.

“Esos sectores incluyen a las mujeres, que de por sí se encuentran en desventaja en términos socioeconómicos, además de que llevan una mayor carga de responsabilidades en las familias y viven en alto riesgo de sufrir violencia de género”, detallaron.

UNOG Foto finalista del concurso “Niños por los derechos humanos 2018”.

Labor heroica

Los expertos reconocieron la invaluable labor de los trabajadores de salud de todo el mundo, calificándolos como los héroes de la batalla contra el COVID-19. “Enfrentan cargas de trabajo inmensas, arriesgan la vida y se ven frente a dilemas éticos cuando los recursos escasean. Los trabajadores sanitarios necesitan todo el apoyo posible de los Estados, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.”

El COVID-19 supone un grave desafío global y es un llamado de atención para que se revitalicen los principios universales de los derechos humanos, sostuvieron los expertos e instaron a confiar en que el conocimiento científico prevalezca sobre la información falsa, los prejuicios, la discriminación, la desigualdad y la violencia.

Recordaron que el sector privado en particular tiene una serie de responsabilidades de derechos humanos y aseguraron que sólo con esfuerzos multilaterales concertados, solidaridad y confianza mutua se podrá acabar con la pandemia y lograr sociedades más resilientes, maduras y unidas. “Todos enfrentamos juntos este desafío sin precedentes”, recalcaron.

Finalmente, los expertos hicieron hincapié en que, cuando esté disponible, la vacuna deberá ser para todos, sin discriminación. “Pero mientras tanto, un enfoque de derechos humanos es la vía para prevenir mayores amenazas a la salud pública”, concluyeron.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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